Carlos Pimentel Rauseo, acompañado de miembros de la junta directiva del movimiento Reencuentro Gremial, consignó ante la sala electoral del TSJ un escrito de oposición a la sentencia 124 de esta sala, con la cual en forma abrupta fue disuelta la directiva del Colegio de Abogados del estado Carabobo.
Los juristas presentaron ante el máximo tribunal del país, su oposición a la decisión que muchos han considerado un total atropello, ya que se ordenó la suspensión de efectos de todas las fases del proceso electoral desarrollados en el Colegio de Abogados del estado Carabobo, incluido el evento electoral realizado el 3 de febrero de 2023.
“Con esa sentencia se demostró contundentemente que los magistrados de la Sala Electoral fueron sorprendidos en su buena fe en virtud a que existía decaimiento por abandono del trámite en más de 7 meses y 29 días de la acción. Aunado a esto, el escrito está plagado de errores jurídicos, como el de que las medidas cautelares solicitadas eran improcedentes”, indicó Pimentel.
Explicó que otro detalle que indica que la sentencia debe ser revocada, es que maliciosamente el abogado Lattuf –vicepresidente de la junta electa y ahora de la junta ad hoc-, pretendió darse por notificado en nombre de Carlos Pimentel y demás miembros de la junta y tuvo acceso al expediente sin el conocimiento de los demás involucrados.
El documento consignado este martes por Pimentel y demás directivos ante el TSJ, rechaza el argumento principal de los solicitantes, de falta de información oportuna y veraz sobre el proceso eleccionario, lo cual no fue cierto, pues fue tal la información emitida por la Comisión Electoral, que se inscribieron un total de 8 planchas y se postularon 144 candidatos para los distintos cargos, además de la participación de más de 4.300 abogados.
Para finalizar, el líder gremial manifestó su firme esperanza que se hará justica, y se declarará la rectificación de esta sentencia, pues “de no corregir la Sala este gris acontecimiento, sería un mal precedente contra los gremios profesionales del país y el derecho constitucional de asociación, violentando el legítimo derecho a la defensa y los más elementales postulados del derecho”, concluyó.
Con nota de prensa
