El Ministerio Público peruano afirmó en su solicitud que existía peligro de fuga debido a que la familia de Castillo se encuentra asilada en México
La Justicia peruana amplió este lunes 14 meses más la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de un delito de rebelión tras los hechos de 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas.
"El plazo ampliado de prisión preventiva responde a que el proceso contra el exmandatario está en etapa intermedia", ha señalado el Poder Judicial en la red social X, agregando que la medida empezará a aplicarse el próximo 7 de junio hasta el 6 de agosto de 2025.
El Ministerio Público afirmó en su solicitud que existía peligro de fuga debido a que la familia de Castillo, que se enfrenta a 34 años de prisión por el caso, se encuentra asilada en México, según ha recogido la peruana RPP.
La medida de prisión preventiva venció el pasado jueves, si bien sobre Castillo pesa otra orden de 36 meses por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada en el marco del caso Puente Tarata III.
Prisión preventiva
El expresidente Castillo se encuentra detenido después de que el 7 de diciembre de 2022 anunciara la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Su decreto, que no recabó ningún apoyo, terminó por llevar al Parlamento a apoyar una moción de censura en su contra. Y a su posterior detención por la Policía.
El mandato de Castillo fue un fiel reflejo de lo que es la política peruana, una inestabilidad que quedó manifiesta en los cinco equipos de gobierno –con más de 70 ministros– que tuvo en solo 16 meses.
Incapaz de dotar de estabilidad y rumbo al país, tuvo que vérselas además con un Congreso hostil. Perdiendo incluso el apoyo de su propio partido, Perú Libre.
El cese de Castillo trajo para Perú una de sus peores crisis recientes, con casi medio centenar de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad en las protestas por su detención. Y en contra de quien tomó el mando, la que era hasta ese momento su vicepresidenta, Dina Boluarte, cuyo mandato ha quedado en entredicho.
Fuente: La Razón
